Coalition of civil society organizations dedicated to democracy and human rights denounce Nicaraguan government’s treatment of activist colleagues
December 4, 2018
Coalition of civil society organizations dedicated to democracy and human rights denounce Nicaraguan government’s treatment of activist colleagues
PartnersGlobal notes with growing alarm the criminalization of legitimate citizen action in Nicaragua. Together with our colleagues across the Americas, including members of the Partners Network and a coalition of partner organizations in Ecuador and Venezuela, we stand in solidarity with our Nicaraguan colleagues whose activism on behalf of human rights and democracy has been directly targeted by the current regime.
The regime of Nicaraguan President Daniel Ortega is confronting criticism and civil protest through non-democratic mechanisms that criminalize legitimate citizen action. There is a recurring pattern of repression by police and military forces that band together with armed groups. There has been a closing of democratic space for the exercise of free expression, peaceful protest, citizen participation, and free association accompanied by the direct censorship of the media and the coercion, harassment, and intimidation of journalists and citizens that reject these abuses of power by the government. Among other actions, we denounce:
- The illegitimate search and seizure operation conducted on September 28, 2018 at the offices of the Institute of Strategic Studies and Public Policy (IEEPP), a renowned think tank focused on security and public transparency, targeting Executive Director F√©lix Maradiaga, who denounced the Ortega regime’s human rights violations at the UN Security Council.
- The arbitrary detention of human rights activist and Executive Director of the Segovias Leadership Institute (ILLS) Haydee Castillo on October 14, 2018. Ms. Castillo was detained in El Chipote prison overnight even though she had been granted precautionary measures by the Inter-American Commission on Human Rights in September.
- The illegal deportation of human rights activist and Executive Director of the Information and Health Advisory Services Center (CISAS) Ana Quirós on November 26, 2018. Ms. Quirós is a naturalized Nicaraguan citizen and was forcibly deported to her birth country of Costa Rica without cause after being illegally detained for several hours at the General Directorate of Migration and Foreigners (DGME) without access to her lawyer.
We demand an immediate end to these grave violations of human rights and international law and urge the Nicaraguan government to allow civil society to exercise its legitimate right to free expression and association.
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Coalición de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la democracia y los derechos humanos denuncian las acciones del gobierno de Nicaragua en contra de sus colegas.
PartnersGlobal nota con creciente alarma la criminalización de la acción legítima de los ciudadanos en Nicaragua. Junto con nuestros colegas en todo el continente americano, incluidos los miembros de la Red Partners y una coalición de organizaciones asociadas en Ecuador y Venezuela, nos solidarizamos con nuestros colegas nicaragüenses cuyo activismo en favor de los derechos humanos y la democracia ha sido represado directamente por régimen actual.
El régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, enfrenta críticas y protestas civiles a través de mecanismos no democráticos que criminalizan la acción legítima de los ciudadanos. Se está implementando formas y mecanismos de confrontación no democráticos y de violación de derechos fundamentales, para enfrentar la crítica y la protesta civil. Existe un patrón recurrente en las acciones represivas por parte de las fuerzas policiales y militares actuando junto con grupos irregulares, provocando el cierre de espacios democráticos para el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, manifestación pacífica, participación y libertad de asociación, aplicando una censura directa a los medios de comunicación y ejerciendo acciones como la indicada anteriormente.
Entre otros abusos, denunciamos:
- El allanamiento illegitimo realizada el 28 de septiembre de 2018 en las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento enfocado en temas de seguridad y transparencia pública con amplia trayectoria y reconocimiento en la región. Su Director Ejecutivo Félix Maradiaga ha denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega en el Consejo de Seguridad de la ONU.
- La detención arbitraria de Haydee Castillo, activista de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo las Segovias (ILLS) el 14 de octubre de 2018. Castillo fue detenida en la prisión de El Chipote durante la noche, aunque la CIDH le había otorgado medidas de precaución en septiembre.
- La deportación ilegal de Ana Quirós, activista de derechos humanos y Directora Ejecutiva del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) el 26 de noviembre de 2018. Quirós es una ciudadana nicaragüense naturalizada y fue deportada a su país natal de Costa Rica sin causa después de permanecer detenida ilegalmente durante varias horas en la Dirección General de Migración y Extranjeros (DGME) sin acceso a su abogada.
Exigimos el fin inmediato de estas graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional e instamos al gobierno de Nicaragua a permitir que la sociedad civil ejerza su legítimo derecho a la libre expresión y asociación.
Signatories
Acceso a la Justicia de Venezuela
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP
OEML
PartnersGlobal
Partners Colombia
Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Socios Peru
Una Ventana a la Libertad